La CUT se acoge a los mandatos constitucionales y de ley que han hecho posible la existencia de un programa de protección bajo la responsabilidad del Estado, como son: el artículo 6 de la ley 199 de 1995, el decreto 372 de 1996, la ley 418 de 1997 prorrogada por la ley 549 de 1999 y el marco jurídico que establece los mecanismos para proteger a la población civil en conflictos internacionales y nacionales y en especial, para sindicalistas donde se busca evitar la eliminación física, de la defensa del derecho de asociación y de la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales implícitos en los principios de la declaración universal de los derechos humanos. Por esta razón somos perseguidos de conciencia por actores armados que no comparten nuestros objetivos democráticos como son los casos de sentencias que involucran a agentes del Estado y todas las situaciones que comprometen a la estrategia paramilitar siendo denunciadas públicamente por establecer vínculos económicos y de apoyo con militares retirados y empresas de vigilancia privada. De 39 asesinatos en el 2007 pasamos a 45 en el 2008. Y a pesar de persistir un subregistro de los casos presentados, contabilizamos 2690 casos de violación al derecho a la vida. En este marco, la violación a los derechos humanos de los sindicalistas se incrementó durante el 2008 alcanzando los 564 casos, lo cual hace parte de una sistemática política de terrorismo de Estado, al que responsabilizamos por acción o por omisión, y que hoy se ve agravada por la medida de pretender entregar la protección de los líderes sindicalistas en manos de empresas privadas. Este hecho es un severo incumplimiento del gobierno que no desaprovecha escenario internacional para vender la idea de su compromiso con los derechos humanos, como es el caso del tema de impunidad, donde a pesar de la retórica, actualmente se mantiene en el 97.5% y se ratifica aún más con el desconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación cuando desvirtuó el Proyecto de Ley de Víctimas convirtiéndola en una nueva burla. Las amenazas, los homicidios, las detenciones arbitrarias y los hostigamientos contra sindicalistas siguen siendo las violaciones de mayor frecuencia en Colombia. Desconociendo esta realidad, el gobierno nacional ha determinado entregar la protección en manos de la Empresa Privada de Vigilancia (VISE), la que hasta hoy ha sido atendida por intermedio del Ministerio del Interior, esta protección mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009 y no surgió como una dádiva del Estado, si no como resultado de la presión del movimiento sindical y por reclamo de los organismos internacionales en el marco de la Legislación Internacional del Derecho Internacional Humanitario. Llamamos a las organizaciones sociales y políticas afectadas por esta medida a hacer un frente común de denuncia y movilización dada la amenaza y el incremento del riesgo que significaría poner a la población representada en organizaciones sindicales y sociales, al entregar la protección del derecho a la vida en manos de empresas privadas de vigilancia en circunstancias en que se incrementa el conflicto interno que viene recrudeciéndose en muchas regiones del país, donde diversas instituciones y organizaciones económicas, sociales y políticas están relacionadas con la violencia y el paramilitarismo poniendo en riesgo a la población civil. Teniendo en cuenta estas consideraciones, rechazamos y denunciamos la privatización de la protección en manos de la empresa VISE, exigimos al Estado el cumplimiento constitucional de sus obligaciones y lo hacemos responsable de las consecuencias que genere esta arbitraria decisión que denunciaremos nacional e internacionalmente ante organismos como la Comisión Interamericana de DDHH, la OIT, ONU, organizaciones internacionales de derechos humanos y las centrales sindicales internacionales. TARSICIO MORA GODOY LUIS ALBERTO VANEGAS Presidente DOMINGO TOVAR ARRIETA Secretario General |
