"Del Che nunca se podrá hablar en pasado" Fidel Castro Ruz
1. Argentina/Paraguay: Un grito desesperado por tierra y libertad...
2. Historia de una injusticia, por Stella Calloni.
Argentina: Un grito desesperado por tierra y libertad, campesinos
paraguayos presos; 50 días de huelga de hambre contra la injusticia
PRENSA DE FRENTE
http://www.argenpress.info/2008/10/argentina-un-grito-desesperado-por.html
Los campesinos paraguayos presos hace dos años y medio en el penal de Marcos Paz cumplen hoy 50 días de huelga de hambre. Reclaman libertad y refugio político. Tuvieron que dejar Paraguay para escapar de paramilitares y fuerzas de seguridad que masacraron a 200 campesinos en los últimos años. Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, Arístides Vera y Agustín Acosta vinieron a Argentina creyendo que imperaban los derechos humanos.
Organizaciones sociales y políticas intentaron cortar el Puente Pueyrredón para denunciar esta injusticia. Gendarmería impidió que los manifestantes avancen. El kirchnerismo hace oídos sordos: privilegia la geopolítica del "antiterrorismo".
Los huelguistas perdieron 20 kilos cada uno. Están arriesgándo su vida para luchar por su libertad. "Pedimos a todas las organizaciones si llegáramos a morir no sea motivo de llanto ni de piedad, porque hemos asumido con dignidad la lucha por la dignificación de nuestro pueblo por la igualdad y la libertad, más bien sean portadores de nuestra bandera de lucha”, comunicaron en una dramática carta divulgada ayer.
Pesan en contra de los campesinos falsas acusaciones de haber secuestrado y asesinado a Cecilia Cubas, hija del ex presidente de ese país. No hay pruebas que acrediten una imputación tan grave. Por el contrario, el crimen tiene todas las características de ser parte de un enfrentamiento mafioso entre facciones del Partido Colorado, actualmente despojado del poder presidencial, pero apoltronado en otros resortes de poder, como el judicial. Los detenidos cometieron el "crimen" de participar de la lucha contra el avance de la soja y en defensa del campesinado. Su militancia en Patria Libre y en el Movimiento Agrario y Popular, organizando, formando y educando en la conciencia de clase al campesinado es el delito que no les perdonan latifundistas y colorados.
El juez paraguayo de garantías de primera instancia Pedro Mayor Martínez, un magistrado que mantiene su integridad moral, dictaminó que los dirigentes no son ni cómplices ni autores del hecho. Sin presentar pruebas firmes, la cámara de Apelaciones adicta al poder colorado resolvió que eran culpables. Con esta excusa se desató una oleada represiva contra dirigentes y los asentamientos campesinos de la cual tuvieron que escapar. En Paraguay operan comandos de seguridad ciudadana, que no son más que formaciones paramilitares como las de Colombia o las de Santa Cruz, Bolivia. La mayoría de los magistrados y de las fuerzas de seguridad están vinculadas a alguna facción del Partido Colorado.
En vez de admitirlos como refugiados políticos, el gobierno de los Kirchner los tiene presos sin condena. La Corte Suprema de Justicia aguarda la definición del Ejecutivo para extraditarlos a un país en donde, pese a que asumió Fernando Lugo, la mafia colorada mantiene su poder de fuego y de desestabilizar.
En la Secretaría de Derechos Humanos que dirige Eduardo Luis Duhalde en un principio sugirieron que era posible que se conceda el refugio político. Pero el ministro de Justicia Aníbal Fernández bajo otra línea: dijo que es un tema judicial y ahí se acabó el progresismo. El ex duhalista sigue negándose a recibir a abogados y familiares de los presos. Si alguno de los presos paraguayos muere, pesará sobre el mandato de Cristina Fernández una tragedia totalmente evitable. Para que así sea, el partido gobernante debería priorizar realmente los pregonados derechos humanos en vez de las políticas de "antiterrorismo" pergeñadas por los Estados Unidos para perseguir a quienes defienden la tierra y la libertad.
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Historia de una injusticia
por Stella Calloni
Posted 24. Septiembre 2008 - 14:29 by Publicación Abierta
in
http://paraguay.indybay.org/content/historia-de-una-injusticia-por-stella-calloni
Ante la huelga de hambre que realizan seis campesinos paraguayos
injustamente detenidos en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz,
es importante conocer la gravedad de esta situación, la injusticia que
están viviendo y la necesidad de una amplia y abierta solidaridad para
que haya una urgente decisión en esta causa.
Como periodista y testigo de hechos conexos en Paraguay con esta
causa, envío parte del prólogo que hice para un libro escrito por uno
de estos campesinos detenidos: Arístides Luciano Vera Silguero, Roque
Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Jiménez ,
Agustín Acosta González y Gustavo Lescano Espínola que deben ya ser
liberados y refugiados en nuestro país.
Stella Calloni
HISTORIA DE UNA INJUSTICIA
En el año 2005 asistimos a una nueva tragedia en Paraguay. El 19 de
febrero escribí para el periódico la Jornada de México, del cual soy
corresponsal en Sudamérica, que el secuestro y asesinato de la joven
Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay, Raúl Cubas, no
sólo tendría repercusiones en ese país sino que el trágico suceso
intentaría-una vez más- ser utilizado para los proyectos de Estados
Unidos en la región.
Así fue. Por esos días el gobierno de Paraguay inició una purga masiva
contra la policía por "entorpecer" las investigaciones sobre este
caso. Las noticias, (incluso ver Clarín en Argentina) en esos días
hablaban de una causa policial y de enfrentamientos internos en el
Partido Colorado gobernante.
La idea de entorpecer las investigaciones y desviarlas tenía un
objetivo. Aunque la sospecha más acertada se dirigía precisamente a
sectores corruptos de las fuerzas de seguridad y las luchas internas
del Partido Colorado, que habían costado en su momento la vida al
vicepresidente Luis María Argaña, algunos sectores comenzaron a ligar
este hecho a la izquierda de ese país, y aunque pareciera increíble, a
las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia(FARC).
Fue en la embajada de Estados Unidos en Paraguay donde se tejió esa
hipótesis-tal cuál lo informé al periódico La Jornada- y ya para esos
momentos, sin haber establecido ninguna responsabilidad, se hablaba de
"la necesidad de una reunión de los países del sur para avanzar en
acuerdos antiterroristas" mientras recrudecieron las presiones por el
tema de la Triple Frontera que une a Brasil, Paraguay y Argentina,
zona estratégica que Washington intenta poner bajo su control.
La joven Cecilia Cubas de 31 años fue secuestrada en octubre de 2004
en un importante operativo muy cerca de su casa y su cadáver fue
encontrado el 16 de febrero de 2005 en una finca cercana a la
capital paraguaya, después que la familia Cubas había pagado 800 mil
dólares. El operativo de secuestro evidenciaba que existió "zona
liberada ".
En esos mismos momentos se acusó a policías de haberse apropiado de
una buena cifra de ese dinero, en medio de una severa crisis
institucional con golpes, contragolpes de uno y otro bando que
resultó en uno de los cuadros más difíciles después de la caída de
la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) una de las más
criminales y corruptas de la región.
La impunidad permitió que las estructuras strossnistas continuaran
prevaleciendo en la institución policial, fuerzas armadas y otros
espacios del poder, donde se habla de "verdaderos feudos intocables".
Y en Paraguay ante el secuestro de la joven Cubas nadie dudaba de
intervención de sectores policiales en el hecho.
Sin embargo a partir de esos momentos los entonces Ministro del
Interior, Nelson Mora; el ex jefe de Policía, Carlos Zelaya, y el
fiscal general Oscar Latorre comenzaron a insistir en endilgarle el
secuestro al Movimiento Patria Libre, e incluso mencionaban que sus
miembros habían sido "entrenados" por las FARC. Y no sólo eso. Llegaron
a acusar a Rodrigo Granda, el llamado "canciller" de las FARC. Para
establecer esta relación hablaron de un video, evidentemente falso y
burdo en el que decían demostrar que supuestamente las FARC
"enseñaban" a militantes de Patria Libre a "secuestrar".
Asimismo el fiscal Latorre mencionaba también "un cruce" de correos
electrónicos entre ambas organizaciones. Pero mantener contactos con
las FARC y cambiar mensajes, era un hecho común ya que esa
organización mantenía relaciones políticas en todo el mundo con
distintos partidos, organismos y gobiernos, y tenían
representantes que dialogaban con diversos Estados.
En Paraguay, en tanto, analistas importantes mencionaban "una banda"
ligada al secuestro, en la que participarían miembros de la policía y
las estructuras del Estado (paraguayo) que ya había realizado otros
secuestros de familiares de políticos, la mayoría enriquecidos por
la corrupción.
Existía un antecedente muy significativo.
En enero de 2002 la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
(CODEHUPY), y otras organizaciones de la sociedad civil paraguaya,
solicitaron firmas para llevar a juicio político al mismo fiscal
Oscar Latorre, y al Presidente de la República entonces Luis Ángel
González Macchi, acusados de delitos de lesa humanidad por el
secuestro y tortura de los militantes de Patria Libre, Juan Arrom y
Anuncio Martí.
A ambos se intentó acusarlos del secuestro de María Edith nuera de
Enzo Debernardi, ex ministro de Hacienda paraguayo y al que se le
calculaba una fortuna de más de 800 millones de dólares. Arrom y
Martí fueron secuestrados el 17 de enero de 2002 y torturados
durante 14 días, lo que cesó cuando su familia y organismos
humanitarios lograron localizarlos por diversos informes en una casa
en las afueras de Asunción controlada por policías, que se
reconocieron como una Unidad Antiterrorista.
Cuando los encontraron ambos dirigentes estaban en graves condiciones
por las torturas, quemaduras y golpes. ¿Que se quería de ellos?.
En entrevista con la Jornada unos meses después de su liberación
Arrom-quien mostraba aún las huellas de las torturas-relató que se
intentaba "comenzar una persecución contra organizaciones de
izquierda". Contó que fueron secuestrados y torturados en forma
constante: " también fui llevado a un río donde me hundían la cabeza
hasta la asfixia. Utilizaron el submarino, y todos los elementos de
tortura. Querían forzarnos a firmar una declaración aceptando que
habíamos secuestrado a una persona y que esto era parte de un plan
para desestabilizar al país. A los cuatro días de estar siendo
torturados nos dijeron que estábamos en manos de la secretaría
Antiterrorista y que teníamos como opción desaparecer o negociar
con ellos. También nos amenazaron con entregarnos a asesores
chilenos, argentinos y brasileños y dijeron que ellos tenían
otros métodos de torturas".
El plan policial era evidente: lograr una declaración de ambos y luego
asesinarlos en una supuesta fuga, ya que el gobierno decía que
estaban prófugos. O simplemente desaparecerlos, después de lograr su
objetivo: una confesión bajo torturas. Ahora ambos dirigentes están
refugiados en Brasil.
Pasado un tiempo se encontraron en Paraguay indicios de que en el
secuestro de María Edith, habrían participado familiares indirectos
como entregadores.
En el caso de Cecilia Cubas, el intendente, el comisario y los vecinos
de la casa de la localidad de Ñemby también surgieron indicios que no
se quieren reconocer. En el lugar donde fue encontrado el cadáver
de la joven los vecinos habían alertado sobre movimientos extraños
desde diciembre de 2004 e incluso filmaron la presencia de vehículos
muy similares a los utilizados por la policía. El subcomisario de
Ñemby fue desplazado cinco días después de haber informado esto.
El fiscal Latorre dice que la casa en la que se encontró el cuerpo
pertenece a Manuel Cristaldo Mieres, a quien sindicó como miembro de
PL.
Para todos los analistas más serios resultaba burdo que "los
dirigentes de Patria Libre pidieran consejos y asesoramiento por
correo electrónico a Rodrigo Granda, para " saber cómo negociar con
la familia". La prestigiosa analista paraguaya Nilda Rivarola opinó
en su momento que los secuestradores pudieron "haber obtenido
protección de parte de fuerzas corruptas". Advirtió que "está claro que
después de este asesinato se va a empezar a reprimir y a
encarcelar a todo el mundo" en Paraguay, donde los movimientos de
campesinos son muy poderosos y activos.
LA INTERVENCIÓN ESTADUNIDENSE
Los tantos se movieron de tal manera que debía encajar cada pieza para
que Estados Unidos tuviera una historia armada para justificar su
presencia militar y de inteligencia- que ya es más que abundante- en
la zona de la Triple Frontera.
El embajador de Estados Unidos en Paraguay, John F. Keane intervino
todo ese tiempo con una descarnada injerencia al sostener que su
gobierno creía que las evidencias que proporcionaba el fiscal
general del Estado "son contundentes". Dijo también que el
Ministerio Público del Paraguay contaba con " informaciones"
proporcionadas por el gobierno colombiano que indican "que hay
vínculos directos entre los guerrilleros colombianos y los
involucrados en el secuestro y asesinato" de Cubas y que su gobierno
considerará cualquier "pedido de apoyo" de Paraguay en este caso.
¿Cómo se llegó a la persecución de Patria Libre en el caso Cubas lo
que llevaría a una polémica y extraña detención de los dirigentes
campesinos - Arístides Luciano Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales,
Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Jiménez , Agustín Acosta
González y Gustavo Lescano Espínola-en Argentina, quienes desde
mediados de febrero de 2006 están alojados en el Complejo
Penitenciario Federal N° 2 de la localidad de Marcos Paz, como si
fueran delincuentes peligrosos?.
Los campesinos paraguayos fueron imputados por el secuestro y
homicidio de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo. Pero
esta acusación no fue acogida favorablemente por el juez del proceso
en Paraguay, el Dr. Pedro Mayor Martínez.
"Jamás el magistrado incriminó a los campesinos presos por los que
ahora reclamamos", afirmaron en una carta al presidente Néstor
Kirchner y a la Corte Suprema de Justicia, en agosto de 2007 .
organismos humanitarios y personalidades de Argentina.
Se recordaba que en el año 2006 los seis militantes de Patria Libre
pidieron refugio en la embajada argentina en Asunción pidiendo
refugio. Allí les dijeron que vinieran a nuestro país que los
recibirían. Y así lo hicieron. Acompañados con su abogada, se
presentaron ante el organismo argentino encargado del refugio, CePaRe
(integrado por el Ministerio del Interior, la Cancillería y el
Ministerio de Justicia) donde hicieron conocer su situación.
"Luego del trámite en el CePare, aparece una orden de procesamiento y
detención por parte de una autoridad judicial que no es el Juez
natural de la causa y por tanto violatoria de las mas elementales
normas del Derecho a la Defensa en juicio en virtud tanto de las leyes
paraguayas como argentinas. Esta resolución se emite sin que antes
hubieran podido ejercer su derecho a la defensa", denunciaban los
organismos de Derechos Humanos.
El 14 de diciembre de 2006 el juez Ariel Lijo falló a favor de la
extradición de los campesinos. "El magistrado trabajó para disminuir a
su mínima posibilidad el derecho de la defensa, desestimando pruebas y
testigos fundamentales. Y luego en su fallo terminó diciendo que la
prueba ofrecida no alcanzaba para demostrar la persecución política de
que son objeto los campesinos en Paraguay", señalaron organismos
humanitario en sus demandas.
Y eso a pesar de que se conocía que existían más de 200 campesinos
asesinados en Paraguay en los últimos años, que constan las
persecuciones contra estos, que en mayo de 2005 se resolvió conceder
inmunidad a las tropas de Estados Unidos, en ese país, de donde nunca
se fueron. Y que estas tropas en maniobras constantes pertenecen a las
criminales Fuerzas Especiales de inteligencia, especialistas en
contrainsurgencia, la misma que se aplicó en el esquema de las
dictaduras del Cono Sur.
"Entendemos que conceder la extradición constituiría una tremenda
injusticia para con estas humildes personas y sus familias puesto que
les esperaría en Paraguay un proceso arbitrario, parcial y cargado de
preconceptos respecto de la militancia política a la que se encuentran
adscriptos", escribieron los organismos humanitarios aquí. Los
organismos humanitarios pidieron al gobierno en agosto de 2007 que se
rechazara la extradición.
"Tal como podrá verificarse en la causa que tramita ante ese Alto
Tribunal, estos seis campesinos militantes integrantes de un partido
legalmente reconocido en Paraguay como es el Partido Patria Libre y
del Movimiento Agrario Popular, jamás fueron objeto de llamados a
indagatoria por delito alguno en su país", dicen en la carta dirigida
a la Corte Suprema.
LOS DATOS DE LA REALIDAD
El 27 de julio de 2006 el presidente de Estados Unidos George W. Bush
solicitó al Congreso una ley para pedir a la Organización de Estados
Americanos (OEA) que forme una fuerza militar anti-terrorista en la
Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), lo que fue denunciado
en sudamérica como una nueva intromisión que apunta a agravar la
situación creada por la presencia de tropas estadunidenses en
Paraguay.
Esto provocó denuncias de organismos humanitarios que repudiaron el
nuevo intento imperialista "que acentuará la militarización de la
región, con todas sus nefastas consecuencias para la vida de nuestros
pueblos (...) no queremos los efectivos militares de la OEA en la
Triple Frontera y exigimos el retiro de todas las tropas extranjeras,
que representan un proyecto integral de dominación violatorio de la
soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos".
Los intentos de instalar una base en la llamada Triple Frontera, en la
que participan activamente las inteligencias de Estados Unidos e
Israel, consisten en argumentos falsos-como los usados para invadir
Irak- sosteniendo que en Ciudad del Este está la organización
libanesa Hezbollah, a pesar de que esta nunca actuó fuera de su
territorio. Hay una cantidad de argumentos falsificados en este caso,
tendiente a involucrar a esa zona estratégica, debajo de la cual
además está una de las más grandes reservas de agua dulce del mundo:
el acuífero Guaraní, en la guerra supuestamente antiterrorista. No es
otra cosa que aplicar el terrorismo contrainsurgente del imperio a
nuestros pueblos y territorios.
La decisión de Bush se produjo unos días después de que varias
organizaciones y analistas participaron en una Misión Internacional de
Observación sobre las actividades de las tropas estadunidenses en
Paraguay y advirtieron sobre las graves consecuencias de esa
presencia que ya está dejando víctimas en ese país.
El objetivo de la Misión fue verificar "la situación del pueblo
paraguayo a partir del establecimiento(mayo 2005) de la Ley 2594 que
otorga inmunidad a los efectivos de las fuerzas armadas de Estados
Unidos- denunciada por el periódico La Jornada a fines de ese mismo
mes- " para lo cuál recorrieron distintos lugares de ese país
recibiendo denuncias e información de la población afectada, llegando
a gravísimas conclusiones que revelan desde actividades militares
policiales y paramilitares para reprimir campesinos, violaciones de
mujeres en las actividades de Acción Cívica (en realidad
contrainsurgencia)y otros.
Se registran desapariciones en las zonas rurales, y unos dos mil
campesinos están procesados, mientras se producen desalojos, quemas de
viviendas, violaciones, torturas y asesinatos.
"Los testimonios indican que los ejercicios MEDRETES, además de
ofrecer consultas médicas, incluyen operaciones adicionales de
filmación del lugar, infiltración en las comunidades y recolección de
datos".
Asemás las tropas estadunidenses entrenaban a cuerpos de seguridad
paraguayos en momentos en que la militarización del campo se agrava,
al regir el decreto 167 del año 2003 que autoriza a las Fuerzas
Armadas a actuar en tareas de seguridad interna, en colaboración con
la Policía nacional.
Esas tropas están relacionadas "con la creación de cuerpos de
seguridad inconstitucionales" como los Consejos y Comisiones de
Seguridad Ciudadana que son cuerpos combinados policiaco-militares y
están señalados como autores de las represiones, desalojos,
violaciones e incluso asesinatos de dirigentes y miembros de las
organizaciones campesinas.
"En Yvy Ja'u, (...) La Misión tuvo informes de 49 muertos y varios
desaparecidos por lo menos en los últimos dos años.(...) Además de
intimidar a la población campesina, los militares realizan actividades
de fragmentación comunitaria y proselitismo político". Se denuncia que
"Los empresarios sojeros se valen de una empresa denominada Guardias
Rurales, S. A. para realizar las expulsiones y apoderarse de las
tierras campesinas, a tal punto que se habla de 'zonas liberadas'
donde las fuerzas del Estado no intervienen".
Durante el trabajo de la Misión se comprobó la presencia de las
oficinas de prensa de la embajada (USAID) y "sus vínculos con las
principales organizaciones civiles que trabajan con la población local
y con la Municipalidad ", así como tareas de espionaje en las áreas
marginales urbanas utilizando las Comisiones de Seguridad Ciudadana
"en actividades que corresponden a las funciones de los cuerpos
policiales y para fines relacionados con la fragmentación social".
Ahora ha asumido el gobierno del presidente Fernando Lugo, y existe
una gran esperanza en Paraguay. Pero los hechos de la realidad
mostraron que a días de la asunción del mando ya fue amenazado con un
golpe de Estado. Más allá de cómo evolucione la situación en
Paraguay, todo demandará un tiempo para cambiar las estructuras
mafiosas de un poder que se mantuvo más de 70 años y que abarca todos
los estamentos del Estado, entre ellos una justicia que aún conserva
los rasgos de una de las más largas dictaduras de América Latina. Es
el mayor problema que enfrenta el nuevo presidente de Paraguay,
elegido por la voluntad mayoritaria de un pueblo que espera vivir con
dignidad. En estas circunstancias que se debe dar protección y refugio
a quienes lo pidieron con causas justificadas. Más de dos años de
detención son suficientes para una injusticia comprobada.(fin)
