sexta-feira, 22 de agosto de 2008

EL CONSEJO DE LA UE APRUEBA LA ‘DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA’

Tras dos semanas de discusión y realizar modificaciones “sin gran importancia”, el Consejo de la UE ha aprobado el texto de la directiva de procedimientos y normas para la expulsión de ‘sin papeles’. La última palabra la tiene el Parlamento, que someterá la normativa a votación en junio. Pero la apuesta por el abordaje represivo de la migración queda ratificado. El 6 de junio se ha convocado una movilización europea contra el Frontex, contra la "directiva de la vergüenza" y por los derechos de los inmigrantes.

Pocos esperaban que la UE decidiera con tanta prisa resolver una directiva tan polémica –las organizaciones de derechos humanos y/o que trabajan con inmigrantes han desarrollado una larga campaña en contra– y que ha generado grandes diferencias entre algunos de los países miembros. Sobre todo tras el ‘traspiés’ del 7 de mayo, cuando, después de tres años de negociaciones, el borrador fue rechazado por diez países encabezados por Francia e Italia. El 22 de mayo, la nueva norma pasaba el trámite más difícil : su aprobación en el Consejo de la UE.

“Aceptar la directiva propuesta minará gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados”, denuncian Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados. Según numerosas asociaciones, si se aprueba esta ‘directiva de la vergüenza’, como se la llama desde la sociedad civil, unos ocho millones de ‘sin papeles’, según datos del Consejo de UE, estarían amenazados de expulsión, lo que supondría el mayor movimiento de población organizado en Europa tras la II Guerra Mundial.

La nueva versión de la norma pasa a considerar que la asistencia legal gratuita “puede” ser recibida de acuerdo con las normas de cada país, mientras que antes se decía que la persona “obtendrá el beneficio de justicia gratuita”. Pero los puntos más polémicos han quedado intactos, estableciendo definitivamente la criminalización y encierro de los sin papeles como la figura central en la gestión de la inmigración. Así, se aprueba que los inmigrantes indocumentados puedan ser retenidos hasta 18 meses en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) –o en cárceles si éstos están saturados– por orden administrativa. Y se permite el encierro de menores en los CIE. Con lo que la privación de libertad se aplica no ya al delito, sino al hecho de no tener los papeles, una mera falta administrativa.

Según Pablo Sánchez, consejero en materia de inmigración de Izquierda Unitaria Parlamentaria / Izquierda Verde Nórdica en el Parlamento Europeo, si no se consigue averiguar de qué país viene el ‘sin papeles’, para expulsarle “la directiva puede mandarle a un país de tránsito. En ese momento, estas personas no tienen ninguna protección jurídica. Además, en estos países no se cumple ninguna norma que proteja a los inmigrantes que huyen de guerras, y esto provoca que acaben retornando a los países de los que huyeron por miedo a morir”.

La directiva establece la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años : “sin olvidar a los refugiados. Si su petición es rechazada ya no podrán volver a demandar asilo en Europa”, afirma Pablo.

Este tipo de políticas de expulsión no dan alternativas al problema de los inmigrantes : “Se piensa antes en echar a la gente, que en políticas de integración”. Y es que si finalmente el Parlamento decide aprobar esta directiva se predice que traerá consecuencias catastróficas : “más represión y una proliferación de mafias y mercado negro”, afirma. Felipe G. de la Fuente, de la radio belga Air Libre, afirma que los medios de comunicación están haciendo oídos sordos frente a todo lo que se refiere a los ‘sin papeles’ : “si hubiera más información la gente podría saber qué es lo que la UE está votando. Lo que no se sabe es que esta normativa va a legitimar los abusos de los derechos humanos. Y es que un inmigrante que no tiene papeles es ‘encarcelado’ en centros cerrados a la espera de su deportación. Esto significa que un ilegal es culpable antes de probar su inocencia”.

Según Felipe, la lucha contra la directiva se está realizando en la calle. Con un apoyo político de una manera superficial, las reacciones se han materializado en movimientos de gente sin papeles, estudiantiles, así como de ONG pro derechos humanos y de asociaciones. Desde Bélgica, Jaime Archig, de la Unión de Defensa de Personas Sin Papeles, afirma que si la directiva se aprueba están dispuestos a radicalizar sus luchas. “A día de hoy, hay alrededor de 350 personas que están en huelgas de hambre en distintas iglesias, asociaciones y lugares públicos de Bruselas demandando la regularización de los sin papeles”. Con la inminente aprobación de la normativa se espera que en los próximos días se organicen más movilizaciones, como las convocadas a nivel europeo para el 6 de junio, contra el operativo Frontex y la directiva.

Ahora ésta debe pasar por el Parlamento, donde liberales, una parte de los socialistas y la izquierda se oponen, mientras que la derecha y los partidos socialdemócratas en el poder, como el PSOE, están a favor de su aprobación. Pero fuentes de ambos bandos coincidían en que la polémica normativa pasará finalmente por la Eurocámara sin inconvenientes. Luego les tocará a los ministros del Interior ponerla en vigor.