PANAMÁ
Marchas multitudinarias en Panamá, Santiago, David y Changuinola se realizaron en apoyo a las demandas populares.
La Coordinadora de Luchas demostró su capacidad de convocatoria.
A continuación el documento entregado en la Presidencia.
COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA POR EL RESPETO A LA VIDA Y LA DIGNIDAD DELPUEBLO
Señor Presidente
Martín Torrijos Espino
Presidente de la República de Panamá
E. S. D.
Las organizaciones gremiales, sociales y populares que conformamos la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, en diversas ocasiones, ya sea de manera conjunta o de manera individual, hemos acudido a su despacho a plantear los múltiples problemas que aquejan al pueblo panameño; sin embargo, estos reclamos no han sido atendidos.
En esta ocasión reiteramos una vez más, de manera conjunta e integral, las demandas, que ya son de su conocimiento, en aras de que se establezca un diálogo real con los verdaderos interlocutores del pueblo panameño, a fin de garantizar el debido respeto a los derechos humanos, en su orden económico, social, cultural, político y ambiental, que nos asiste.
Demandas Concretas:
1. Aumento General de Salarios (20%) a todos los trabajadores, aumento de las Pensiones-Jubilaciones (20%) y reducción de los salarios de los altos cargos públicos, así como se ponga fin a la onerosa publicidad gubernamental.
Desde 1981 no se decreta un aumento general de salario en el país. El nivel de inflación es del 9.6%. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es del 37%. El 47% de los pensionados y/o jubilados es pobre. El 60% de la población vive en condiciones de pobreza y casi el 40% en pobreza extrema. Paralelo a ello, las ganancias del sector privado siguen incrementándose, así el 20% más rico de la población concentra aproximadamente el 70% de la riqueza nacional. Los salarios de los altos cargos públicos es más de 31 veces el salario mínimo. Además, es inconcebible que mientras hay carencias elementales en salud y educación, se destinen millones de dólares en publicidad gubernamental y campañas electoreras. Los ingresos para financiar estos aumentos pueden provenir del superávit fiscal, de la reducción de los sueldos de los altos cargos públicos y de los ingresos del canal.
2. Inmediata rebaja y congelamiento de los precios de los productos y servicios de primera necesidad y de la canasta básica familiar.
Según datos de organismos internacionales, casi un millón de panameños(as) presenta carencia alimentaria. Los pobres destinan aproximadamente el 71% de sus ingresos a alimentos. En el último periodo del año el aumento de los precios de los alimentos supera el 15.1%. El costo de la canasta básica de alimentos oscila los 300.00 balboas mensuales para una familia de 3.8 miembros (en los hogares pobres es superior al promedio). El 40% de los asalariados reciben salario mínimo el cual no cubre el costo de la canasta básica familiar. En Panamá no prevalece el mercado de competencia perfecta (es decir, no se rige el sistema de precios por la libre oferta y demanda), sino por el contrario las imperfecciones abundan (monopolios y oligopolios). El precio del combustible es un ejemplo: el precio del barril de petróleo ha caído en los últimos 21 días desde 147 a 121 dólares; es decir, un 17% por lo que el precio de los combustibles debería caer en una proporción similar, en Panamá ello no ha sucedido, ni sucederá porque – al igual que con otros productos – existe un oligopolio de la comercialización controlado por los mismos 100 dueños miembros de la mafiocracia, a lo que se añade la especulación reinante en la cadena de distribución, razones por las cuales se amerita una intervención del Estado y la rebaja y congelamiento de precios. La inflación es un mecanismo más de concentración del ingreso, ya que si no hay control de los precios de los productos de primera necesidad, el aumento salarial “se los tragan” los empresarios, porque los empresarios, como han confesado, traspasarían con creces dichos aumentos a los precios de los artículos y servicios que consume el pueblo, tal como ocurrió con el CAIR, el alza del petróleo, y la cuota obrero patronal del Seguro Social. Esta demanda, junto con la primera, provocará un efecto multiplicador en la economía que beneficiaría tanto a asalariados como no asalariados, así como a los verdaderos productores, pequeños y medianos, que atienden el mercado doméstico.
3. Suspensión inmediata y definitiva del muy sospechoso proyecto de TRANSMÓVIL, de la propuesta mentirosa de Transformación del Sistema Público de Salud, de la propuesta apresurada e ineficiente de Transformación Curricular, de la modificación de la Ley Orgánica de Educación y del llamado Plan de Seguridad (Iniciativa Mérida-Militarización del Darién-Norieguismo sin Noriega), por ser manifiestamente inconvenientes para la Nación.
En medio de la agobiante situación económica que vivimos la mayoría de los panameños, el gobierno que usted preside, avanza en proyectos que no cuentan con el aval de las mayorías, y que son percibidos por la población como imposiciones, tal es el caso del proyecto privatizador de la salud (SPUS), que en sus articulados expresa directamente la externalización de los servicios de salud, que tal como reconoce uno de sus principales gestores (el Banco Mundial) constituye una de las formas de privatización. Igualmente, el proyecto no se corresponde con la responsabilidad constitucional del Estado de garantizar la salud con calidad y calidez a los panameños. También se intenta imponer un Reglamento de Personal de la CSS, que pretende ser modelo para los trabajadores del MINSA, pero que impulsa la flexibilidad laboral en desmedro de los derechos de los trabajadores de la salud. En el caso del proyecto de transformación curricular y modificación de la Ley Orgánica de Educación, que atentan contra la estabilidad de los docentes y que pone en peligro el PRAA, también se camina hacia la privatización, pretendiéndose, además imponer un modelo curricular cónsono con la visión neoliberal que coloca a Panamá como “cargadores de bultos y servicios domésticos”, lo que hace referencia a impulsar la eliminación de asignaturas fundamentales de humanismo, cultura-deporte y científicas, quitando la posibilidad de gestar en el proceso de construcción del conocimiento la capacidad integral y crítica de nuestros jóvenes. En la perspectiva privatizadora se avanza también en el proyecto de pasar a manos de grandes consorcios transnacionales (con presencia de capital local) el servicio del transporte público. Nos pronunciamos por una fórmula que resuelva la crisis del transporte, que garantice un transporte barato, moderno y eficiente al pueblo y que además contemple las aspiraciones de los pequeños propietarios y personal involucrado en esta actividad. Los contenidos privatizadores de la salud, la educación y el transporte público, no son respaldados por la mayoría del pueblo panameño, y generan un ambiente que profundiza el conflicto social porque el pueblo panameño está dispuesto a luchar contra tales intensiones. Podemos entender, Señor Presidente, que usted y su gobierno están concientes de esta situación y que por ello impulsan el denominado proyecto de “Seguridad Ciudadana”, que en esencia constituye una remilitarización del país, y cuyo propósito no es brindarle seguridad a la ciiudadanía, sino que pareciera estarse preparando para la represión de los sectores populares, en el marco de la escalada de la Iniciativa de Mérida impulsado por el gobierno de los Estados Unidos en la región, recreándose el tenebroso G-2, que se concreta con la creación de un cuerpo de espionaje que actuará con total libertad, dentro y fuera del país, frente a quienes consideren que atenten contra la personalidad interna del Estado, lo que nos recuerda que bajo esa misma argumentación, dirigentes populares han sido encarcelados y sometidos al terrorismo judicial. Bajo ese mismo argumento se ha querido justificar los asesinatos de obreros, el encarcelamiento de trabajadores y atacado las huelgas y diversas acciones realizadas por gremios y sectores populares. Es decir, pudiera interpretarse que se trata de legitimizar el terrorismo judicial, criminalizar la protesta social y constituirse en un instrumento de frecuente violación de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
4. Una nueva política energética nacional que, en primer lugar, controle a y nos libere de la voracidad de las grandes transnacionales petroleras y sus socios locales; una política económica que busque mecanismos reales, viables y urgentes para la atención de los problemas comunitarios básicos: acceso al agua potable, reducción inmediata del costo de la luz eléctrica, recolección eficiente de la basura, servicio de alcantarillado, reparación de calles y veredas en los sectores populares que albergan a la inmensa mayoría de la población.
El proyecto privatizador del IRHE se ha constituido en una pesada carga para el pueblo panameño, en la medida que pagamos sumas exorbitantes por el servicio de energía eléctrica para garantizar las ganancias extraordinarias de las empresas multinacionales, a las cuales adicionalmente entregamos millones de dólares en supuestos “subsidios”, que al fin y al cabo pagamos los asalariados a través de nuestros impuestos. En este sentido, también cargamos con la especulación que desarrollan las empresas locales a las que se les otorga concesiones para la construcción de hidroeléctricas y con la estructura oligopólica de las grandes transnacionales petroleras y sus socios locales que manipulan la cadena distributiva e imponen precios. Se amerita, por ende una política energética nacional y la renacionalización de las empresas de electrificación. Por otro lado, la política económica debe atender las demandas sociales de las diversas comunidades del país, que en los últimos años se manifiesta diariamente exigiendo suministro de agua potable (En Panamá el 11% de la población no tiene acceso al vital líquido, en la ciudad de Panamá y San Miguelito 250 mil personas no tienen acceso diario a agua potable); reparación de calles y veredas, rebaja de precios de los servicios básicos (luz eléctrica, telefonía, recolección de basura), entre otros.
5. La racionalización y control de la inversión en salud y en educación para atender con verdadera transparencia y sin corrupción las demandas de infraestructura, construcción y equipamiento de escuelas e instalaciones de salud. En lo más inmediato, la solución del problema de la fibra de vidrio que, además de ser otro gran negociado (tanto su instalación como su remoción), pone en peligro la salud de educandos, docentes y administrativos.
Es evidente el histórico deterioro de la infraestructura de salud y educación, la falta de insumos y materiales para ejercer eficazmente los servicios, e incluso el déficit de personal que enfrentan ambos sectores. Ningún gobierno ha hecho una prioridad real el resolver estos problemas. Ante esa realidad es inexcusable que se insista en malversar los recursos de los dos sectores. Escandaloso ha sido el tratamiento que se le ha dado al problema de la fibra de vidrio y de las escuelas ranchos, donde se ha gestado toda una cadena de corrupción, que favorece intereses creados de determinadas empresas privadas (Ver caso FECE).
6. Suspensión definitiva de los proyectos de privatización del agua, así como los proyectos de tercerización de los cobros por parte del IDAAN y las concesiones de ríos y fuentes naturales. De la misma manera, la suspensión y revisión profesional por parte de Comisiones Técnicas de la SPIA y de la Universidad Tecnológica de los permisos a los proyectos depredadores del ambiente que destruyen costas, manglares, e islas y atentan contra la vida de comunidades campesinas e indígenas, tales como las minas a cielo abierto – especialmente en el caso de Cerro Petaquilla - así como proyectos hidroeléctricos y otros disfrazados de proyectos turísticos.
Uno de los principales problemas que hemos enfrentado los panameños(as), principalmente durante su gestión de gobierno, es el deterioro del ambiente, lo que amenaza contra la vida misma. Innegable son los daños ocasionados por empresas mineras, que al margen de las más elementales medidas de desarrollo sostenible continúan realizando sus proyectos con tecnología a todas luces altamente lesivas a la vida. No es posible admitir que el 50% del territorio nacional haya sido cedido para proyectos mineros y se concesionan cientos de ríos y quebradas (Por ejemplo, existen más de 100 concesiones otorgadas por la Autoridad de los Servicios Públicos, entidad que abiertamente está al servicio de las empresas y no de la población panameña. En Bocas del Toro, donde se encuentran los proyectos más grandes, hay 6 concesiones, en Chiriquí hay 67 concesiones y en Veraguas se planean hacer 21 proyectos). Las minas y las represas son proyectos vinculados. Toda mina requiere enormes cantidades de agua y energía eléctrica. Por esta razón las minas también requieren fuentes de agua para abastecerse. El contrato de la mina Petaquilla, por ejemplo, les autoriza a hacer embalses y producir energía eléctrica y “todo lo que el proyecto requiera”. Tampoco tiene racionalidad que se entreguen costas, playas, ríos y manglares de nuestro país. Es decir, su política pone el dinero por encima de la vida de la población de las comunidades. Debe ser inmediata la suspensión de estos proyectos que sólo buscan la máxima ganancia para el capital extranjero y local, mientras atentan contra la vida de comunidades campesinas e indígenas, y del territorio nacional.
7. Suspensión de cualquier intento de venta de las acciones de las empresas estatales del antiguo IRHE e INTEL y el establecimiento de una Comisión Nacional para la elaboración del Plan de Re-Nacionalización de nuestras Empresas Públicas Básicas: Electricidad y Telefonía.
Los procesos de privatización han provocado que los panameños paguemos más por los servicios de electrificación y telecomunicación, mientras las corporaciones transnacionales sacan de nuestro país grandes sumas de dinero. Panamá, se ha constituido en uno de los países de América Latina con mayores tarifas por estos servicios. Es más, hemos tenido que pagar por servicios no recibidos. No cabe duda, que este servicio se presta bajo las condiciones de un mercado monopólico, cuyos precios son exorbitantes. Al igual, que lo tramitan hoy algunos países de la región es imperativo la elaboración de un Plan de Re-Nacionalización de nuestras Empresas Públicas Básicas: Electricidad y Telefonía, a fin de garantizar un servicio accesible y menos costoso a la población panameña.
8. Respeto a la plena libertad sindical y respeto al pleno derecho a la Sindicalización de todos los trabajadores del País: del Sector Público, de la Zona Libre, de la ACP y de las Entidades Bancarias.
Es reiterativo por años las dificultades que tenemos para hacer nuevos sindicatos independientes, en donde desde el Ministerio de Trabajo se entrega el listado de los sindicalistas a las empresas, iniciando éstas los despidos. Esto viola flagrantemente los derechos de los trabajadores a organizarse. Por otra parte, Panamá continúa violando las normas universales de los derechos humanos, que garantiza el derecho a la sindicalización (Ver Convenios 87 del cual Panamá es signatario, 151 y 154 de la OIT). Trabajadores del sector público, de la Zona Libre de Colón, del Centro Bancario y otros, a pesar de ingentes esfuerzos por el respeto a su derecho a conformar sindicatos encuentra vetado el mismo por las autoridades gubernamentales, garantizando con esta medida los intereses de la patronal.
9. Pago de las partidas del XIII mes adeudadas a los empleados públicos en un plazo no mayor de 60 días.
En este país se han condonado deudas del sector privado (a pesar de que a los trabajadores se nos descontó cuotas), se exonera del pago de impuestos y/o se crean leyes especiales para reducir la carga impositiva de determinadas empresas, se favorecen licitaciones públicas con nombre y apellidos, se traspasan propiedades públicas a precios irrisorios a determinados empresarios; sin embargo han transcurrido más de quince años sin que el derecho adquirido de los empleados públicos en materia de XIII mes haya sido honrada. El Estado, señor Presidente tiene una deuda con miles de funcionarios públicos, por lo que demandamos que en un plazo no mayor de sesenta días las partidas del XIII mes adeudadas se paguen.
10. Salario mínimo cónsono con las necesidades de los trabajadores y por igual en todo el territorio nacional, eliminación del sindicalismo amarillo y el sicariato; respeto a las normas de salud y seguridad en la construcción y cumplimiento de los reglamentos, decretos y sobre la materia.
Se insiste en mantener tres zonas para la definición del salario mínimo, lo que constituye una inequidad para los trabajadores(as) del interior del país, en la medida que en éstas áreas existen empresas que manejan grandes ganancias y a las cuales se les exonera del pago de salarios al nivel de la zona 1 (Panamá, San Miguelito y Colón). Es decir, grandes empresas con el último ajuste de salario mínimo pagan menos de 0.19 centavos. Además, en algunas regiones del país el costo de la canasta básica de alimentos y otros gastos necesarios es igual o superior al de la llamada región 1. Por tanto es necesario que se establezca una sola región para la definición del salario mínimo. Igualmente, demandamos que se cumplan las normas de salud y seguridad laboral en todas las actividades económicas, principalmente en aquellas de alto riesgo, tal es el caso de la construcción en donde en lo que va del año ya han muerto 6 obreros, mientras que otro centenar ha quedado con lesiones permanentes. Por otro lado, en materia laboral, también exigimos que cese el sindicalismo amarillo y el sicariato que no solo atenta contra el derecho legítimo de organización de los obreros, sino que ya ha dejado varios muertos, tal como fue el caso de Osvaldo Lorenzo, trabajador de la construcción y dirigente del SUNTRACS. Además, es público y notorio la actitud del gobierno nacional de promover los sindicatos amarillos (ver caso de la actividad de la construcción en el último período), los cuales buscan desmejorar las condiciones laborales y de trabajo de los obreros, en el momento en que se realizan grandes proyectos, con el claro objetivo de favorecer a empresas multinacionales y nacionales, las que aumentarán sus ganancias en detrimento de los ingresos de los trabajadores.
11. Respeto y cumplimiento por parte del Gobierno de todos los acuerdos de huelga o gremiales, así como el respeto a sus bases y dirigencias, suspendiendo las campañas de desprestigio, persecución, intentos de chantaje y compra y violencia contra educadores, médicos, obreros, estudiantes y cualquier fuerza popular.
El derecho a la organización para la defensa de los intereses gremiales es legítimo y reconocido a nivel universal. Las conquistas obtenidas por los diversos sectores han sido producto de su lucha y no de la atención a una mejor condición de trabajo y de mejor calidad de vida por parte del Estado. No obstante, en su gestión gubernamental, acuerdos pactados después de las lucha gremiales, han sido objeto de incumplimiento por parte de las diversas autoridades, lo que deja ver claramente una conducta nada ética de parte de las autoridades. Como si fuera poco, también autoridades gubernamentales se han dado a la tarea de promover una campaña mediática contra los dirigentes que no sucumbimos ante las amenazas, la represión, los encarcelamientos y las dádivas. Exigimos respeto a nuestras bases y dirigencias, así como el fin de la campaña de desprestigio y persecución.
12. Restitución inmediata de los estudiantes sancionados por haber participado en manifestaciones y negarse a ejercer de delatores («sapos») y el nombramiento de una comisión independiente que investigue las violaciones de derechos humanos y las muertes de los tres obreros del SUNTRACS: Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith; y se haga Justicia a las víctimas del dietilenglycol y a los calcinados en el bus en la Martín Sosa.
No es posible que se revictimise al pueblo panameño, que además de cargar con las medidas antipopulares que se han impuestos, somos sancionados por luchar contra esa medidas, tal es el caso de los estudiantes injustamente expulsados del Instituto Nacional, o asesinados por sicarios y miembros de la Policía Nacional, como ocurrió con los tres trabajadores de la construcción (Osvaldo Lorenzo, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith). Esta lucha es por Justicia para las víctimas de la represión y los condenados en procesos amañados, para las víctimas del dietilenglycol y los calcinados en el bus incendiado en la Martín Sosa. Todavía se desconoce el número real de las víctimas por dietilenglycol, el pueblo espera se haga Justicia y se castigue a los responsables de este crimen de lesa humanidad y se dé a conocer el nombre de los empresarios que estuvieron detrás de este negociado. Igual para el caso de los calcinados en el bus de la Martín Sosa, horrenda tragedia que sigue sin esclarecerse totalmente y donde los bancos y empresas responsables de introducir el bus que era una trampa de muerte, son protegidos por las autoridades. Por tanto, es inaceptable, que se pretenda satanizar la protesta social, se denigre el accionar de los gremios y se persiga a los dirigentes sindicales y gremiales por el solo hecho de luchar por el derecho a la vida que tenemos los panameños(as).
13. Fin de la corrupción, el nepotismo, el robo, los negociados y la impunidad.
A pesar de su promesa electoral de “cero corrupción”, lo real es que no existen detenciones a quienes han atracado la cosa pública. Son evidentes, todas las semanas, en los medios de comunicación social, los escándalos de corrupción, en las cuales aparecen involucrados altos directivos de su gobierno, sin que la ciudadanía sea testigo de sanciones ejemplarizantes. No cabe ninguna duda que quienes nos vemos afectados con esta conducta delictiva y con la falta de aplicación de las leyes, somos los cientos de panameños que mantenemos al Estado vía los impuestos que pagamos, los cuales no se dirigen a la atención de las necesidades sociales sino que pasan a parar en el bolsillo de unos pocos. Ante esta realidad exigimos se ponga fin a la corrupción imperante, se aplique todo el rigor de la ley a quienes están involucrados y se inicie un proceso de adecentamiento de la gestión gubernamental.
14. Destitución inmediata por arbitrarios, represores, y por no gozar de la más mínima confianza de la inmensa mayoría ciudadana respecto a la transparencia y probidad de sus actuaciones de los ministros Salvador Rodríguez (Educación), Rosario Turner (Salud), Teniente Coronel (r) Daniel Delgado Diamante (MINGOB), Ligia Castro (ANAM); Víctor Carlos Urrutia, Administrador de la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) y René Luciani (CSS).
La comunidad nacional ha venido demandando la destitución inmediata de las autoridades gubernamentales que se han caracterizado por su prepotencia e incapacidad manifiesta, por lo cual demandamos la destitución, y en los casos que compete, investigación de esas autoridades, que permita a la ciudadanía ver señales de respeto, transparencia y probidad en el accionar de la esfera pública.
15. Que se declaren nulos – porque lo son para la inmensa mayoría ciudadana los diálogos amañados de «Yo con Yo» y los productos de la mal llamada concertación nacional.
Los graves problemas que enfrenta la mayoría del pueblo panameño, persisten y se acentúan producto que los llamados espacios de “diálogo y concertación” convocados por su gobierno, han terminado siendo imposición de proyectos preconcebidos por los grupos de poder económico y político, con el beneplácito de dirigencias venales, negando con ello el respeto de los derecho humanos de las mayorías al imponerse medidas antipopulares. Los casos de la ley de seguridad social, la reforma tributaria – CAIR, el tratado de libre comercio, el actual proyecto de “seguridad ciudadana”, las discusiones en la llamada “mesa de concertación”, entre otros, son pruebas claras de este tipo de diálogos, creados para legitimar propósitos preestablecidos. Es necesario que los resultados de estos procesos sean declarados nulos, a fin de permitir un debate real que permita soluciones de caras a los intereses de los diversos grupos sociales y de la nación panameña, lo que sólo puede alcanzarse con los legítimos interlocutores de los sectores sociales.
En usted cabe la responsabilidad de atender estas demandas legítimas del pueblo panameño. En búsqueda de respuesta estará una delegación significativa de la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, el día miércoles 20 de agosto a las 4:00 p.m. del año en curso.
